EE.UU. imputa a Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996
El 20 de mayo de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública una acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Castro de 94 años por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles ocurrido el 24 de febrero de 1996. El anuncio, realizado en la Freedom Tower de Miami, estuvo encabezado por el fiscal general interino Todd Blanche y el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, con presencia del subdirector del FBI Christopher G. Raia.
Según el acta de imputación validada por un gran jurado del sur de Florida, Raúl Castro enfrenta siete cargos federales: un cargo por conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de asesinato y dos cargos de destrucción de aeronaves. Junto al exmandatario, la acusación alcanza a otras cinco personas identificadas por la fiscalía como pilotos militares cubanos que participaron en las operaciones de derribo.
La fiscalía sostiene que en enero de 1996, estos pilotos recibieron entrenamiento especializado para detectar y seguir el vuelo lento de avionetas como las utilizadas por Hermanos al Rescate. El documento judicial afirma que en febrero de 1996, Raúl Castro, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, presuntamente autorizó el uso de fuerza letal contra las aeronaves.
La organización Hermanos al Rescate, fundada en Miami en 1991, realizaba misiones de búsqueda y rescate de balseros cubanos que intentaban cruzar el estrecho de Florida. El 24 de febrero de 1996, cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea cubana derribaron dos de tres avionetas Cessna que sobrevolaban la zona, causando la muerte de cuatro tripulantes: Mario de la Peña, Pablo Morales, Carlos Costa y Armando Alejandre.
El gobierno cubano alegó entonces que las aeronaves habían violado repetidamente el espacio aéreo de la isla y que el grupo realizaba acciones provocadoras, como el lanzamiento de panfletos antigubernamentales. Sin embargo, una investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional concluyó que las avionetas fueron derribadas poco después de abandonar el espacio aéreo cubano, y la Organización de los Estados Americanos determinó que Cuba había violado el derecho internacional al abatirlas en espacio aéreo internacional.
La imputación de 2026 no es el primer intento de Washington de procesar judicialmente a Raúl Castro. En 1993, fiscales federales de Miami elaboraron un borrador de acusación penal en el que se investigaba al gobierno cubano como una presunta estructura criminal por facilitar el tránsito de al menos 7,5 toneladas de cocaína del Cartel de Medellín a través de la isla hacia Estados Unidos en la década de 1980. La administración de Bill Clinton no aprobó el borrador, en parte por la dependencia de testimonios de narcotraficantes convictos considerados poco fiables.
Más allá de las investigaciones penales, el gobierno estadounidense impuso sanciones financieras y administrativas contra Raúl Castro. En 2017, el Departamento del Tesoro lo incluyó en una lista de personas bloqueadas, impidiéndole realizar transacciones dentro del sistema financiero estadounidense. En septiembre de 2019, la administración Trump le prohibió la entrada a Estados Unidos, acusándolo de violaciones a los derechos humanos y de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó la imputación como “una acción política, sin ningún basamento jurídico, que solo busca engrosar el expediente que fabrican para justificar el desatino de una agresión militar a Cuba”. Díaz-Canel afirmó que Estados Unidos “miente y manipula” los hechos ocurridos en 1996.
El fiscal general interino Todd Blanche declaró en la conferencia de prensa en Miami que Raúl Castro acabará compareciendo ante un tribunal estadounidense “por su propia voluntad o de otra manera”. El caso sienta un precedente similar al de la captura del exlíder venezolano Nicolás Maduro en enero de 2026, quien fue trasladado a Nueva York para ser juzgado tras una acusación federal.