Expresidente Evo Morales afirma que DEA y Comando Sur buscan asesinarlo en Bolivia
Morales realizó el viernes pasado una grave denuncia a través de sus plataformas digitales. El expresidente, y descendiente de pueblos originarios de Bolivia, afirmó que el gobierno de los Estados Unidos, en coordinación con la administración del presidente ultraderechista boliviano Rodrigo Paz, diseña una operación militar con el objetivo de detenerlo o asesinarlo. Según Morales, esta acción contaría con la participación directa de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) y del Comando Sur.
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En sus declaraciones, Morales fue contundente: «ordenó al gobierno de Rodrigo Paz ejecutar una operación militar, con el apoyo de la DEA y el Comando Sur norteamericano, para detenerme o matarme».
La acusación no se queda en generalidades. Morales identificó a individuos específicos que, a su juicio, son piezas fundamentales en este complot. Uno de ellos es Carlos «Zorro» Sánchez Berzaín, a quien describió como «exministro de Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que se fugó a Miami luego de la Masacre de Octubre Negro (2003)». También señaló a Ernesto Justiniano, actual viceministro de Defensa Social, quien «se encuentra en Washington».
Las denuncias recientes sobre un supuesto plan de Estados Unidos para detenerlo o asesinarlo fueron realizadas por el exmandatario a través de mensajes difundidos en sus redes sociales y en declaraciones a la radio Kawsachun Coca, entre otros medios independientes. Cabe recordar que a finales del año 2024 el expresidente denunció en redes que sufrió un intento de asesinato mientras se trasladaba en ruta con algunos integrantes de su delegación. El video difundido rapidamente se volvió viral. [//www.instagram.com/reels/DBpbI-9uQYc/]
Además, el ex mandatario boliviano no se limitó a denunciar la amenaza personal. En un extenso mensaje publicado en redes sociales y en entrevistas radiales concedidas a AM750 y Futurock, analizó el clima de protesta que vive el país. Sostuvo que en Bolivia existe una “sublevación del pueblo” contra el programa de reformas impulsado por Paz y acusó al oficialismo de intentar imponer un “Estado neoliberal y neocolonial”.
“Es una sublevación del pueblo de elemento popular”, aseguró Morales en diálogo con AM750. “El pueblo se subleva, a la cabeza el movimiento indígena, para defender la Constitución, los recursos naturales y los servicios básicos”, agregó.
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Más allá de la amenaza física, el exmandatario sostiene ser blanco de una estrategia integral para dañar su imagen. Afirmó ser víctima de «campañas de desprestigio, insultos y acusaciones sin pruebas», impulsadas por lo que calificó como «expertos en guerra sucia y fake news». En este punto, mencionó al argentino Fernando Cerimedo, enviado a Bolivia por el presidente Javier Milei, cuyas «operaciones sucias ya fueron reveladas por periodistas bolivianos honestos».
La denuncia adquiere un nivel táctico al detallar unidades militares bolivianas que estarían comprometidas. Morales indicó que la «Novena División de Ejército», al mando del coronel Franz Andrade Loza, se encuentra desplegada en la región del Trópico. Aseguró que «el gobierno le prometió ascenderlo a general y nombrarle comandante de las FFAA si acaba con Evo».
Asimismo, hizo referencia al «F-10 dependiente del Comandante en Jefe de las FFAA el General Víctor Hugo Balderrama, al mando del Teniente Coronel Carlos Giménez Ortuño, ex ayudante del ministro de Defensa de Jeanine Añez, Fernando López», junto a otros cuatro oficiales cuyos nombres no especificó.
Cerrando su extensa publicación, Morales lanzó una alerta sobre lo que considera una injerencia peligrosa en la soberanía nacional. Advirtió sobre el control de las Fuerzas Armadas bolivianas por parte de «marines norteamericanos y agentes de la DEA paraguayos, a quienes no les importa masacrar a hermanos y hermanas que residen en el Trópico».
Esta afirmación culmina una serie de revelaciones que, de confirmarse, podrían generar una severa crisis política y diplomática en la región.
El núcleo del malestar, amplificado por las recientes denuncias de Morales, gira en torno a la percepción de que el gobierno de Paz permite una injerencia extranjera inaceptable, particularmente de Estados Unidos. La supuesta presencia operativa de marines y agentes de la DEA en territorio boliviano, así como la coordinación con el Comando Sur, es vista por amplios sectores sociales, indígenas y movimientos afines al MAS (Movimiento al Socialismo) como una violación directa a la soberanía y a los principios de política exterior que prevalecieron en gestiones anteriores.
Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos han acusado al gobierno de Paz de utilizar el aparato estatal para perseguir y judicializar a dirigentes opositores, especialmente a figuras del MAS y exfuncionarios del gobierno de Luis Arce. Las denuncias de Evo Morales sobre una «operación militar» para detenerlo o asesinarlo, aunque extremas, se enmarcan en un clima político donde sus seguidores perciben una persecución política sistemática.
Las medidas económicas impulsadas por el gobierno de Paz, caracterizadas por sus críticos como un retorno al «modelo neoliberal», han generado rechazo en sectores que se beneficiaron de las políticas estatistas y de redistribución de la era del MAS. Esto incluye preocupación por posibles cambios en políticas hidrocarburíferas, minería y subsidios, que afectarían a comunidades y a la ya golpeada economía popular.
La colaboración reforzada con la DEA estadounidense, después de su expulsión en 2008 por el gobierno de Morales, es un punto de enorme controversia. Sectores cocaleros y comunidades del Trópico de Cochabamba ven esta colaboración como una amenaza, temiendo erradicaciones forzosas y un enfoque militar represivo, similar al denunciado por Morales cuando habla de que «no les importa masacrar a hermanos y hermanas».
El gobierno de Paz asumió en un contexto de profunda división política. Sus opositores lo acusan de haber llegado al poder aprovechando fracturas dentro del MAS y de no contar con una legitimidad de origen amplia. Las acusaciones de «guerra sucia» y «fake news» mencionadas por Morales reflejan este ambiente de desconfianza total, donde cada parte ve a la otra como ilegítima y actuando de mala fe.