EE.UU. investiga a Uruguay por “trabajo forzoso”: Orsi envió emisario a Washington para responder preguntas
Un representante del nuevo gobierno uruguayo se desplazó hacia territorio estadounidense para participar en consultas vinculadas a una pesquisa oficial. Se trata de Juan Labraga, director de la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), quien viajó la semana pasada en el marco de una investigación impulsada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). Dicho organismo incluyó a Uruguay y otros 59 países en un listado de naciones que, según el gobierno estadounidense, “no están tomando suficientes medidas para evitar el comercio de productos hechos con trabajo forzado en sus cadenas de suministro”.
La misión de Labraga fue formalizada mediante una resolución firmada por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, lo que le otorgó el carácter de cometido oficial. El viaje se produjo en un momento en que la administración de Donald Trump busca aplicar aranceles a las importaciones provenientes de esos países, luego de que la Corte de Justicia estadounidense anulara gran parte de los gravámenes que su gobierno había intentado imponer con anterioridad.
El gobierno de Donald Trump incluyó a Uruguay en una lista de 60 economías bajo investigación formal por supuestos incumplimientos en materia de trabajo forzoso. El anuncio, realizado el 12 de marzo de 2026 por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), encendió alarmas en Cancillería y generó interpretaciones cruzadas en la política uruguaya. Pero una lectura atenta del documento oficial revela algo que los titulares más alarmistas omitieron: no hay una sola línea específica sobre Uruguay.
La acción se enmarca en la Sección 301(b) de la Ley de Comercio de 1974, un instrumento legal que otorga al representante comercial estadounidense amplias facultades para investigar y eventualmente sancionar a socios comerciales cuyas prácticas sean consideradas irrazonables, discriminatorias o perjudiciales para el comercio de EE.UU.
El argumento central del USTR es el siguiente: varios países del mundo permiten —por acción u omisión— que ingresen a sus mercados bienes producidos con trabajo forzoso. Esa permisividad genera, según Washington, una ventaja competitiva artificial para empresas extranjeras que operan con costos laborales ilegítimamente bajos, lo que perjudica directamente a trabajadores y exportadores estadounidenses.
Con ese fundamento, el embajador Jamieson Greer abrió investigaciones simultáneas contra 60 economías que, en conjunto, representan más del 99% de las importaciones que recibe Estados Unidos. Uruguay figura en el puesto 58 de esa lista, entre el Reino Unido y Venezuela.
Aquí está el dato que cambia la lectura del episodio. A diferencia de lo que podría sugerir una investigación tradicional enfocada en un país, el aviso publicado en el Federal Register no contiene ningún capítulo, anexo, caso documentado ni señalamiento concreto referido a Uruguay. La acusación que pesa sobre Montevideo es exactamente la misma que recae sobre Tokio, Bruselas, Oslo o Sídney: no tener implementada —o no aplicar de forma efectiva— una prohibición legal a la importación de bienes fabricados con trabajo forzoso.
Dicho de otro modo, Uruguay no fue investigado porque exista evidencia de esclavitud moderna en su cadena productiva ni porque empresas uruguayas hayan sido identificadas en circuitos de trabajo compulsivo. Fue incluido porque no cuenta con una legislación específica que prohíba expresamente el ingreso al país de mercancías producidas bajo esas condiciones, algo que, a la fecha de la investigación, tampoco tenían la gran mayoría de los 60 países de la lista.
El alcance geográfico de la investigación es lo que más llamó la atención de los analistas legales especializados en comercio internacional. Economías como Australia, Canadá, Israel, Japón, Noruega, Suiza o el Reino Unido —ninguna de las cuales ha enfrentado señalamientos serios de trabajo forzoso por parte de autoridades estadounidenses— también quedaron incluidas.
Esa amplitud llevó a varios estudios jurídicos de firma a concluir que el objetivo de fondo de estas investigaciones no es estrictamente humanitario. Según esa lectura, la administración Trump estaría utilizando la Sección 301 como vehículo alternativo para reimplantar aranceles que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidó recientemente cuando fueron aplicados bajo la figura de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). En febrero de 2026, el Tribunal Supremo tumbó esa base legal, y la Casa Blanca necesitaba otro paraguas jurídico para sostener su programa arancelario. La Sección 301, con su lenguaje más amplio y su menor exposición judicial, ofreció ese camino.
El propio embajador Greer fue explícito al respecto: las nuevas investigaciones buscan «abordar muchos de los problemas que están en el corazón del programa arancelario recíproco del presidente». Las investigaciones podrían concluir antes del 24 de julio de 2026, fecha en que vencen los aranceles temporales impuestos bajo otra figura legal, la Sección 122.
Consultado por el diario El País, Labraga indicó que Estados Unidos determina exigencias novedosas en materia comercial, de manera similar a lo que ha hecho la Unión Europea en temas de sostenibilidad y trazabilidad. Frente a esto, el funcionario afirmó que a Uruguay le resta buscar soluciones y mejorar sus procedimientos, “siempre a través del diálogo”. El funcionario evitó entregar detalles específicos sobre el contenido de las reuniones, ya que las partes acordaron mantener confidencialidad respecto de lo tratado.
No obstante, Labraga reveló que respondió diversas preguntas formuladas por el gobierno estadounidense acerca del manejo uruguayo de sus importaciones. El foco de las consultas se centró en cómo el país evita o no el ingreso de productos elaborados con mano de obra en condiciones de precariedad extrema.
Según Labraga, el requisito de minimizar las importaciones provenientes de países que recurren al trabajo forzoso en sus procesos productivos “llegó para quedarse”. El director de la Asesoría de Política Comercial del MEF agregó que “un nuevo gobierno en EE.UU. no va a ir hacia atrás con eso”. De esta forma, anticipó que la presión comercial en ese sentido se mantendrá independientemente de futuros cambios en la administración estadounidense.
El funcionario concluyó que “hay que construir los vínculos para que tengamos canales aceitados cuando lleguen esos desafíos”. La declaración sugiere que Uruguay prevé la necesidad de fortalecer sus mecanismos de cooperación y comunicación con Estados Unidos para anticiparse o responder a eventuales medidas restrictivas derivadas de la investigación del USTR.
El episodio llegó en un momento de particular sensibilidad diplomática entre Montevideo y Washington. El presidente Yamandú Orsi había calificado de «raro» que Uruguay no fuera invitado a integrar el «Escudo de las Américas», la alianza de seguridad militar impulsada por Trump que sí incorporó a líderes como Javier Milei o Nayib Bukele. Que apenas días después se conociera la inclusión de Uruguay en la lista de investigados por trabajo forzoso fue leído por varios analistas como una presión diplomática velada.
Desde la oposición, el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry ofreció una interpretación diferente. Para Bordaberry, la señal de Washington es clara: la disputa entre EE.UU. y China llegó para quedarse, y Uruguay debe definir si quiere posicionarse como un «proveedor confiable» para Occidente o continuar con una política comercial que no discrimina entre orígenes. El senador colorado subrayó que el comercio internacional ya no exige solo calidad sino también estándares éticos verificables en toda la cadena de producción.